Recientemente la Asamblea Nacional ratificó como miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por un periodo de nueve (9) años, al actual Ministro de la Presidencia, Jorge González. Pendientes de ratificación por parte del Órgano Legislativo están aún los otros dos candidatos propuestos por el Órgano Ejecutivo, la actual Vicepresidenta de la República y Ministra de Relaciones Exteriores, Isabel de Saint Malo y el Embajador de Panamá en Washington, Emanuel González-Revilla.
Desde hace años hemos observado, con gran preocupación, designaciones en la Junta Directiva de la ACP de personas allegadas al Órgano Ejecutivo y en el caso de los tres candidatos recientemente propuestos por el Presidente de la República, se trata de personas que ocupan cargos de alta jerarquía en el Órgano Ejecutivo. Aún cuando dichas personas cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la Ley para ser miembro de la Junta Directiva de la ACP, lo preocupante es que se designen ministros y embajadores, cargos estos a los que tradicionalmente se accede más por méritos políticos que profesionales e incluso se designe a la Vicepresidenta de la República.
Mantener la política partidista alejada de las estructuras de administración de la ACP fue uno de los acuerdos más importantes a los que llegó la sociedad panameña y eso es algo que algunos políticos parecen haber olvidado.
Ante la insistencia del Órgano Ejecutivo de incluir a ministros, embajadores y vicepresidentes en la Junta Directiva de la ACP, instamos a la Asamblea Nacional a que cumpla con el rol que por designio de la Ley se le ha conferido y se abstenga de ratificar a los otros dos candidatos propuestos por el Órgano Ejecutivo. Ya la Junta Directiva de la ACP, por mandato de la Ley, cuenta con un representante del Órgano Ejecutivo, el ministro Roberto Roy y un representante del Legislativo, el H.D. Elías Castillo, por lo que el resto de las designaciones deberían tener un perfil diferente y alejadas de consideraciones políticas.
En ese sentido, instamos al Presidente de la República a reconsiderar esas designaciones a la Junta Directiva de la ACP y le solicitamos que, con apego a la discrecionalidad que le permite la norma Constitucional, tome en consideración para dichos nombramientos al menos a una persona que tenga conocimiento profundo del régimen laboral especial de la ACP y de las operaciones canaleras. Estamos convencidos que ese miembro contribuiría, significativamente, al necesario balance que debe imperar en la Junta Directiva del Canal de Panamá.