MAR
01
2017
CNA pide revisar integrantes de la Autoridad del Canal


El Colegio Nacional de Abogados (CNA) mantiene la posición de que se debe revisar quiénes son los representantes de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

En opinión de la agrupación de abogados, los directivos de la ACP deben responder a los sectores del país que representan y no lo hacen. En vez, dicen, miran a los intereses empresariales a los que están relacionados.

El presidente de la Comisión de Corozal del Colegio Nacional de Abogados, Santander Tristán Donoso, asegura que algunos directivos compraron tierras al sureste de Corozal, donde se pretende construir el nuevo puerto del Pacífico ‘y seguramente las venderán a mayor precio si se decide hacer el puerto en ese lugar'.

La comisión considera que la ACP actúa al margen de los intereses nacionales utilizando la modificación que se efectuó al artículo 319 de la Constitución Política de la República. Este artículo, según Tristán, es la puerta abierta que utiliza el Canal para apoyar a través de los reglamentos de contratación, todos los proyectos que estimen prudentes, hecho que ocurrió con el proyecto de diseño, construcción, desarrollo y operación de un puerto de trasbordo de contenedores en Corozal, Oeste de la vía interoceánica.

PUGNA POR EL PUERTO

Las opiniones y argumentos a favor y en contra del megaproyecto han enfrentado a sectores que entre sí dudan de los intereses de cada cual en este polémico tema.

El Comité ha sido señalado por el abogado Jaime Alemán como un ente carente de credibilidad. Además, infiere sin querer decirlo, que tiene intereses en la posición asumida sobre Corozal. Incluso invitó a la Contraloría a hacer una auditoría de los gastos de Panama Ports, empresa de capital mixto, para conocer cuánta plata se ha gastado en abogados y publicidad, acusándolos de intentar monopolizar el mercado retrasando el proyecto de Corozal.

El Comité de juristas rechaza la construcción del nuevo puerto y niega que les mueva un interés más allá del bienestar del país.

‘Mal podríamos sustentar que Panamá Ports está financiando al CNA cuando nosotros tenemos demandas directas contra la portuaria. Nosotros no estamos aquí por Panama Ports', responde Tristán ante los señalamientos de Alemán.

EL CASO EN LA CIDH

Recientemente, el CNA representó a un grupo de ciudadanos residentes en la zona canalera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al momento de interponer una medida cautelar al proyecto, alegando que desmejora su derecho a la vida, la propiedad y a vivir en tranquilidad.

Agobiados por el constante ruido que genera el movimiento de contenedores del vecino Panama Ports, el puerto más grande de Latinoamérica, el grupo decidió actuar ante estancia el pasado 3 de febrero en un esfuerzo por impedir que un nuevo puerto agrave su situación.

El futuro de esta medida se conocerá en los próximos meses. Previo a esto el proceso indica que la CIDH debe notificar al Estado panameño sobre la existencia de las medida para que haga sus descargos. Posteriormente, evaluarán ambas posiciones. Una de las alternativas que sugieren es suspender el proyecto para examinar temas como costos, incluso estudios técnicos del proyecto de Farfán y el impacto que sufrirán las comunidades, en caso de que sea una realidad el puerto.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los reclamos entre parte y parte parecen no tener fin. Tristán aduce que aunque todo mundo tiene derecho a una defensa justa, no mira con tan buenos ojos que el bufete de Alemán asesore jurídicamente a Grupo Unidos por el Canal, contratista de la ampliación del Canal que tiene una fila de demandas multimillonarias contra la ACP y que, de resultar el veredicto internacional a su favor, el ensanche terminaría costando el doble.

Por qué razón la firma asume la defensa del contratista, se pregunta Tristán.

Cuestiona el hecho ‘porque estamos hablando de posiciones de respeto a los intereses nacionales, levantamos una bandera importante y estamos siendo cuestionados por hechos menores cuando ellos asumen la defensa de la empresa que pone en peligro los intereses nacionales. La firma tiene derecho a la defensa, no lo niego, pero como integrante de la Comisión debo señalarlo únicamente', indicó Tristán.

CAUSA DEL CONFLICTO

La viabilidad y funcionalidad de un puerto en el Pacífico no es un punto de conflicto, sino el sitio donde se pretende ubicar.

El comité del CNA recuerda los distintos estudios que se contrataron para establecer el mejor lugar para un puerto de esta naturaleza. En este sentido, trae a colación el informe que efectuó la Agencia de Cooperación Japonesa en el que indicó los sitios convenientes para la ubicación de la actividad.

Sugirió como mejor alternativa Farfán. También el estudio que emitió la firma Moffart y Nichols, contratada por la ACP, concluyó como mejor punto un estudio de prefactibilidad de una isla artificial de 200 hectáreas entre isla Tortolita y mar abierto frente a Veracruz. Los abogados se preguntan por qué la insistencia en que el puerto se construya en Corozal, pues advierten que entorpece el paso de buques por la vía interoceánica.

Tristán concluye que existe la total disponibilidad de la comunidad para que la ACP nombre una mesa técnica a nivel nacional para discutir el proyecto.

(Tomado de La Estrella de Panamá)