NOV
18
2016
La ACP deberá invertir $170 millones para el puerto Corozal


El Comité de Planificación Estratégica de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) celebró una de sus últimas reuniones el pasado 19 de septiembre en el edificio 710 de la institución. La Estrella de Panamá tuvo acceso al acta oficial de la reunión, donde se hace referencia a que la ACP tendrá que invertir $170 millones para adecuar el área que usará la concesionaria que se gane la licitación para operar el puerto.

En atención a una solicitud del director Francisco Sierra, Ricardo Ungo, funcionario de la ACP, detalló que los gastos que la ACP deberá afrontar por $85 millones corresponden al dragado, otros $70 millones para la rehabilitación del muelle de Diablo (demolición del espigón) y relocalización de instalaciones de la ACP por $10 millones y la movilización de facilidades de la ACP para la construcción del acceso del tren a la fase I a través de la fase II del proyecto por $5 millones, señala el documento en su página 20.

Sin embargo, la inversión se realiza, según se cita en el acta al administrador de la ACP , Jorge Quijano, ‘en medio de una situación crítica para el mercado, posiblemente la peor de las últimas tres décadas'.

Una situación que también reconoce Oscar Bazán, vicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo Comercial.

‘Los mínimos establecidos podrían aumentar, sin embargo, la industria, tanto naviera como la de terminales portuarias, no está en su mejor momento. Variar del 40.0% al 50.0% de capacidad de operación puede desmotivar la participación de las empresas', según palabras de Bazán que cita el documento.

ACTA DE LA SESIÓN

La reunión fue presidida por el director Henri Mizrachi, participando a su vez Marco Ameglio, Ricardo Manuel Arango, Lourdes Castillo, Nicolás Corcione, Oscar Rámirez, Francisco Sierra, José Sosa y Alberto Vallarino.

Junto al administrador Quijano, Manuel Benítez, Antonio Domínguez, Rossana Calvosa de Fábrega, Ricardo Ungo, entre otros.

En el acta de la reunión se establecen seis propuestas para el orden del día, entre las primeras está la opinión legal de la ACP de otorgar concesiones directas de bienes inmuebles, el análisis tributario de la concesión del puerto de Corozal con fundamento a la legislación fiscal vigente.

La solicitud de aprobación del pliego de cargos y autorización para proceder con la licitación negociada en base al precio más alto que resulte en la concesión para diseño, construcción, operación y realización de la actividad comercial de un puerto para el trasbordo de contenedores en Corozal y por último, la propuesta de los directores.

En el texto se evalúa la variación de la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la ACP, ‘se permitirá que la competencia entre los participantes que optarán por el negocio, determine cuál es el mínimo que ofertarán para adjudicarse la licitación. La ACP está en posición para determinar el mínimo o piso de los mínimos garantizados que nos aseguren la rentabilidad esperada', señaló el subadministrador Manuel Benítez.

En el texto también consta que por el momento son cuatro operadoras precalificadas para el puerto: APM Terminals B.V y Terminal Investment Limited, S.A, de Holanda, Terminal Link, de Francia y PSA InternaTional Pte, LTD de Singapur.

Las opciones de las multinacionales precalificadas fueron evaluadas y expuestas ante la directiva de la ACP por Luis Ocando, un representante de la consultora multinacional Ernst & Young (EY), quien brindó asesoría impositiva y explicó las condiciones favorables para cada una de las operadoras y se llegó a la conclusión que para el puerto Corozal el régimen favorable es el de la Zona Franca

VENTAJAS COMPARATIVAS

Ocando también advirtió que luego de comparar los regímenes presentados, procedió a explicar cuál sería el impuesto sobre la renta más bajo para cada uno de los países, considerando impuesto sobre la renta y dividendo panameño generado en el país de residencia por la utilidad que recibe. ‘La conclusión de análisis es que al compararlo con la tarifa estándar de otros países, a las empresas les conviene invertir en Panamá porque el porcentaje es menor', dice el documento en la página 8.

Ocando también se refiere a una ‘desventaja', específicamente que ‘con el régimen tributario de Zona Franca el impuesto disminuye, este régimen cuenta con normas especiales laborales y normas especiales migratorias. La principal desventaja es la necesidad de aprobación de otro ente estatal que tendría injerencia y supervisión dentro del proyecto', dice en la página 5 del documento.

RÉGIMEN ESPECIAL

Y agregan que ‘el régimen de exoneración fiscal o contrato-ley requiere una ley especial aprobada por la Asamblea Nacional que se convierte en la principal desventaja, pero además de bajar el impuesto, le da seguridad jurídica al inversor, porque está enfocada en este', advierte el representante de la consultora EY.

En septiembre de este año, la propuesta para crear una ley de incentivos fiscales para un puerto en el área de Corozal no prosperó y fue motivó de debate y rechazo en la Comisión de Asuntos del Canal en la Asamblea Nacional.

Ante la culminación de la etapa de precalificación, donde solo cuatro de siete empresas pudieron pasar a esa etapa, faltarían 22 días para la homologación del pliego publicado, así como se sostendrán reuniones individuales con cada una de las empresas precalificadas para atender cualquier duda del pliego.

Al respecto, en el documento se advierte que las reuniones individuales con cada una de las empresas son confidenciales

En esta línea, el ingeniero Jorge Fernández detalló que la recepción de las propuestas será un acto discreto y que estas solo serán abiertas por personal autorizado por la ACP.

A la vez, Fernández detalló que se crearía una junta técnica formada por representantes autorizados de la ACP, asignados por el vicepresidente ejecutivo de planificación, Oscar Bazán; la vicepresidencia ejecutiva de Finanzas y Administración, a cargo de Francisco Miguez; además del oficial de contratación y que el fiscalizador general participará como observador de todo el proceso, como lo hizo en la etapa de precalificación.

En la página 22 del documento, se advierte que ‘hoy se desconoce el valor real del desarrollo total del proyecto y en términos de operación el puerto adquiere auge, después de los 20 años de actividades', dijo Francisco Sierra de la Junta Directiva de la ACP y agregó que ‘la magnitud de la inversión dos fases no serían atractivas y la fase II no es obligatoria'.

Tomado de La Estrella de Panamá