JUL
21
2017
Prácticos en Argentina realizan Jornada de Reflexión


Al colega Presidente de COPRAC, Cap. Jorge Suprun

Estimado colega, enterado de la jornada de reflexión a que se han convocado los colegas Prácticos de todo el país deseo dar a conocer a Ud. y por su intermedio a los colegas y sus asociaciones mis reflexiones al respecto.

En principio considero necesario enunciar mi condición de retirado del ejercicio de la profesión por límite de edad después de haberme desempeñado como Práctico del Río Paraná durante 29 años, soy el único Miembro Honorario de Argentina del Foro Latinoamericano de Prácticos y Miembro Honorario de IMPA, el único de Latinoamérica, además de haber integrado durante 4 años el Comité Técnico Internacional de esta entidad, actividades y distinciones que me mantienen interesado y activo como consultor de los temas de la profesión.

Las causas que han originado las jornadas de reflexión merecen análisis lo más ajustado posible a la realidad y la justicia, especialmente la evidente e incontrastable desvalorización por parte del estado de la seguridad náutica.

En 1992 al producirse la desregulación del practicaje el Estado se desprendió del servicio y fuimos los Prácticos quienes nos hicimos cargo de continuar realizándolo. Hasta ese momento la condición de Servicio Público Impropio tenía razón de ser y su nombre apropiado, pero debimos llevar adelante una obra difícil y costosa, a la que el Estado solo aportó el estado policial gestionado por su agencia al efecto, la PNA.

Sin entrar en detalles porque esta nota sería muy extensa, enumeraré elementos y circunstancias:

Al abandonar la administración del servicio el Estado nos dejó cesantes y al contrario de la indemnización que nos correspondía por ello sufrimos un cambio fundamental en el orden legal; el mismo Decreto que nos convertía en particulares independientes nos retrotraía a una época anterior a la Revolución francesa, la de los Derechos del hombre y el ciudadano, consagrados en nuestra Constitución Nacional, porque se invertía la carga de la prueba, el Práctico ante un accidente o la mera denuncia de una irregularidad debía demostrar inocencia, en lugar de ser el acusador quien demostrara nuestra culpabilidad. Es necesario que tengamos claro que esto es anticonstitucional.

El Estado se adueñó de todas las embarcaciones necesarias para nuestro embarque y desembarque, que habían sido compradas con fondos propios de la tarifa del servicio, no de rentas generales ni ningún otro tipo de erogación que no fuera auténticamente generada por el practicaje. Los Prácticos salimos a suplir esa parte de nuestros traslados.

Igual proceder tuvo el estado con los vehículos terrestres que hasta ese momento estaban afectados a la necesidad de transportar a los Prácticos a y de los muelles de estacionario de lanchas.

Cada uno de estos movimientos dejaron de estar provistos por el estado y debieron serlo por los propios Prácticos, así como la provisión de los elementos de seguridad y comunicaciones con más los seguros correspondientes al total de los movimientos.
Todos los movimientos terrestres y acuáticos con sus obligaciones legales más sus necesarias coberturas fueron soportados por los Prácticos sin financiación ni subsidio alguno del Estado.

Los aportes de obra social y los jubilatorios también fueron abandonados por el Estado, pasamos de la cobertura propia del Estado a tener que buscarla en entidades comerciales que solo brindaban coberturas parciales, limitadas en especialidades, período, servicio y edad a costos muy elevados, absolutamente desconectados de la calidad que pudieran suponer sus presentaciones.

La responsabilidad civil que nos fue adjudicada y continúa vigente es única en el mundo, contraria a toda lógica y posibilidad de compensación. El menor valor que puede estar afectado en un incidente en un buque supera enormemente la posibilidad de recuperarlo del Práctico interviniente. Mundialmente la responsabilidad civil tiene establecidos valores fijos, o de un monto XX numérico nunca mayor del haber mensual del Práctico o del valor del practicaje realizado. Esto actúa directamente sobre el valor del seguro que cubre al Práctico y se repite el beneficio en la tarifa.

Los Prácticos debimos suplir falencias y carencias de cartografía, relevamientos hidrográficos, informaciones confiables sobre vías navegables, accesos a puertos y radas que fueran confiables y por tanto de utilización segura, son varios los puertos que operan gracias a que los Prácticos relevamos accesos y pies de muelle sin costo para los cargadores y muchas veces en disidencia con la información ofrecida por los operadores comerciales, apenas interesados en lograr o mantener la habilitación de rigor.
Que los Prácticos no podamos fiarnos de las profundidades, anchos, mediciones de la corriente y datos de la marea dice muy claramente que el estado abandonó hace tiempo las vías de agua y sus puertos.

Los buques actuales no son los de 25 ni 40 años atrás, son mayores, mueven más carga a mayor velocidad, necesitan canales y puertos más profundos y anchos, necesitan balizamiento efectivo y no ficticio. Responsabilizar a los Prácticos de la no correspondencia entre lo necesario y la realidad es buscar un culpable de lo que el Estado no realiza.

Eso además de una gran mentira es una cobardía.

Julio César Longa – Capitán de Ultramar
Práctico (R) – Perito Naval en Navegación